Presentan una enmienda para prorrogar los contratos de renta antigua 5 años

El próximo 1 de enero, si nada lo impide, muchos comercios y pymes de nuestras ciudades se verán obligados a cerrar por decisión unilateral de los propietarios. Muchos autónomos ya no se podrán seguir beneficiando de las rentas antiguas en sus negociosautonomos_renta_antigua

Recordemos que la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impuso una moratoria para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la Ley de Arrendamientos de 1964 y esa moratoria tenía un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual normativa.


Los grandes perjudicados por estas ley son los comercios tradicionales, sobre todo en las grandes capitales y en las principales ciudades del país. En algunos casos podrán negociar un nuevo contrato de alquiler con un incremento considerable de la renta, que en el actual contexto de crisis, la más grave que se recuerda en las últimas décadas, hará inviable la supervivencia de estos negocios. Entre los afectados hay en torno a los 100.000 locales comerciales, entre los cuales el 65% no tendrá solucionado el problema antes de que acabe 2014.

Con el objetivo de evitar esta situación el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha decidido proponer una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015, con intención de alargar la situación jurídicas de estos arrendamientos durante cinco años más, así como promocionar el sistema de mediación y arbitraje por medio de las comunidades autónomas para resolver lo más pronto posible y de una manera justa entre los intereses de los inquilinos y de los propietarios. El Grupo socialista mantuvo encuentros con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), además de con representantes de la Plataforma Nacional de Afectados, tal y como informa hoy UPTA.

Otra de las intenciones propuestas por este grupo político pasa por incorporar acciones específicas en el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista, pensadas a la adaptación de la nueva situación de los contratos de arrendamientos de los negocios afectados.