Los autónomos se librarán de la deuda a los tres años del concurso

Iván García -

Una vez que presenten el concurso de acreedores, los autónomos contarán de tres años para sufragar sus deudas e incluso se podrían librar de ellas de manera definitiva de estos pagos si durante ese periodo de tiempo cumplen una serie de condiciones y el juez da el visto bueno. autonomos_segunda_oportunidad

Así lo recoge el borrador de la Ley de segunda oportunidad que ha elaborado el Ministerio de Justicia, que valora sobre todo el buen funcionamiento que tiene este método en algunos ordenamientos del entorno. El citado texto considera que con este sistema se estaría ayudando a la recuperación del deudor como empresario y del sujeto como consumidor.

Sólo podrán beneficiarse de la exoneración los autónomos una vez que se produzca la liquidación de su patrimonio y cuando carezca del suficiente activo para hacer frente al pasivo generado antes del comienzo del concurso de acreedores. La quita de la deuda dependerá en cierta media del comportamiento del deudor antes y después del la concesión provisional. Eso sí, no podrá beneficiarse cualquiera, ya que tendrán que cumplir un “riguroso elenco” de requisitos.

Se busca que éste tenga una conducta correcta en los tres años que transcurren desde la suspensión hasta la exigencia de los créditos. Pretenden que el autónomo se integre en el mercado laboral sin que sea preciso recurrir a la economía sumergida. El texto del Ministerio de Justicia denuncia las “cifras escandalosas de personas en España” que trabajan al margen de la Seguridad Social y Hacienda.

Esta medida que implantará el Gobierno Central pretende ser una segunda oportunidad para aquellos trabajadores autónomos que hayan fracasado con un proyecto. Se fijan en los datos de Estados Unidos, donde la existencia de la segunda oportunidad no ha generado más impagos de los deudores. Para sacar adelante esta norma será preciso cuatro modificaciones legislativas: la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria y la regulación de los ficheros positivos de solvencia.