Hacienda persigue las irregularidades de autónomos y pymes

Hacienda sigue a la caza de los autónomos y pequeñas empresas. El próximo objetivo: El plan anual de control tributario.

La economía sumergida continúan siendo un problema muy grave en España, ya que pese a los esfuerzos de control aún asciende al 24,6% del PIB y los que defraudan sienten sensación de impunidad. En la actualidad el 80% de la plantilla de Hacienda se centra en perseguir las pequeñas irregularidades y fraudes de autónomos, pymes, trabajadores y pensionistas, mientras que únicamente el 20% restante se ocupa de controlar el fraude más cuantioso y que se relaciona con las grande fortunas, empresas de gran tamaño y multinacionales. fraude_irregularidades_autonomos (1)

Estos últimos son los responsables de casi tres cuartas partes del fraude que se comete en España, según los técnicos de Hacienda de Gestha.


La lucha contra el fraude fiscal continúa siendo poco eficaz. Creen que si ellos gozasen de más responsabilidades y competencias, además de ponerse en marcha una serie de medidas contundentes, como podrían ser la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del 5% en la participación de las SICAV, los resultados serían otros bien distintos. La previsión es que se incrementaría en casi 8.200 millones anuales la recaudación sobre los objetivos marcados.

Para este año el objetivo de prevención y control del fraude se eleva hasta los 11.300 millones, que seguramente se rebasará sin problemas al tratarse de mil millones menos que los 12.318 millones recaudados por la Agencia Tributaria en 2014 a través de esta vía. Pese a que el año pasado fue el mejor de los últimos ejercicios, con una detección del 23% de la evasión fiscal estimada, lo que implica que el 77% restante quedó impune por parte de Hacienda pese a conseguir un récord.

Esta falta de eficacia lo atribuyen a la escasez de personal en la lucha contra la economía sumergida, la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y la inexistencia de estudios oficiales de economía sumergida, entre otras cosas.