Eat organización estima la deuda de las distintas administraciones públicas con los autónomos, en torno a los 1.500 millones para el conjunto de la Comunitat Valenciana, y alrededor de 224 millones para el conjunto de los trabajadores por cuenta ajena de la provincia de Castellón.

Según ATA, los ayuntamientos absorben el 80% de la deuda, seguidos de la administración autonómica y, por último, la estatal. Pardo añade que “las administraciones locales son las que más tarde pagan y las que más deuda han acumulado”.

En este sentido, el presidente de ATA en la región indica que uno de los problemas es que sólo hace un mes y con un enorme retraso que se ha puesto en marcha la línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) específica para que los ayuntamientos puedan efectuar los pagos atrasados.

A partir de ahora, indica Pardo, “esperemos que esa línea sea realmente eficaz, de modo que las corporaciones locales no tengan dificultades para acceder a fondos, como ya ha ocurrido con programas como ICO Directo, en el que los autónomos habíamos puesto muchas expectativas, pero que, a la hora de la verdad, no ha aportado liquidez”..

Para Rafael Pardo, “vivimos una situación injusta en la que, en vez de que sea el Gobierno el que nos financie, seamos los autónomos y las empresas quienes financiemos a las administraciones públicas a un interés cero, algo que genera serios problemas de tesorería que ponen en peligro que muchos negocios puedan seguir funcionando”.

En lo que se refiere a los datos nacionales y autonómicos, las administraciones públicas adeudan a los autónomos 13.300 millones de euros, de los cuales más de la mitad (57%) corresponde a entidades de cuatro comunidades autónomas, la valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid.

Para que las corporaciones locales puedan pagar las deudas contraídas con los autónomos, ATA ha solicitado que las líneas de financiación estén acompañadas de un régimen sancionador, que obligue a las administraciones a abonar intereses de demora o que permita compensar estas deudas con los impuestos o a través de cotizaciones.

En una visita al parlamento europeo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya solicitó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Empresas, Antonio Tajani, la creación de mecanismos de control para que los estados miembros cumplieran los plazos de pago. ATA resalta que un 95% de las administraciones públicas en España incumple la ley de morosidad y las considera el principal foco de destrucción de empleo.

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Tena ha anunciado que presentará una proposición no de ley en la que exigirá que el Consell complemente la línea de crédito, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por la que los ayuntamientos podrán acceder a préstamos con los que pagar facturas pendientes.

El portavoz socialista ha concretado que van a proponer que sea el Instituto Valenciano de Finanzas (INE) quien, a nivel autonómico, ponga en marcha la línea de crédito de pago de las facturas pendientes de entidades locales que a nivel estatal, según anunció el martes el Gobierno, gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El portavoz socialista ha subrayado que “la situación de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana es muy complicada”, por lo que “las pymes, autónomos y proveedores no pueden esperar”, ha concluido.

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Los trabajadores y pensionistas alicantinos, al igual que los del conjunto de la región, declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 4.972 euros más que los profesionales y las pymes, y alrededor de 5.005 euros más si se compara con los ingresos de los microempresarios -albañiles, fontaneros, entre otros-, según recoge Gestha en la segunda edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado a partir de la última estadística del IRPF-2008.

En cualquier caso, aunque la actividad irregular ha tenido siempre una especial preponderancia en algunos sectores industriales autóctonos, como el calzado, en esta ocasión la Comunitat no se sitúa a la cabeza de los territorios españoles. De hecho, es una de las autonomías donde la citada brecha fiscal entre ambos colectivos está por debajo de la media nacional. Y es que en el conjunto de España, los empleados declaran un promedio de 7.200 euros más que los pequeños empresarios y 7.665 euros más que los microempresarios.

Las mayores diferencias entre las rentas declaradas por trabajadores y microempresarios, se aprecia en Madrid (14.128 euros), seguida de Cataluña (9.838 euros), Asturias (7.904 euros) y Aragón (7.362 euros)). En el extremo contrario, se sitúan Extremadura (3.295), Murcia (4.450) y La Rioja (5.000), Comunitat Valenciana (5.005 euros) Galicia (5.090 euros), Castilla-La Mancha (5.390 euros) y Andalucía (5.381 euros), Canarias (5.526 euros) y Castilla y León (5.598 euros).

El estudio muestra que los asalariados y pensionistas de la región declararon el pasado año 16.985 euros de media, lo que supone un 41,4% más que los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales que tributan en estimación directa. De hecho, estos últimos se reconocieron, curiosamente, como ‘mileuristas’ al declarar unos rendimientos medios de 12.013 euros.

Facturación por módulos

Asimismo, los ingresos declarados por los microempresarios de la Comunitat en módulos -es decir, aquéllos que facturan menos de 450.000 euros anuales- se movieron también en dicho umbral, situándose en una media anual de 11.980 euros, es decir, un 41,7% menos que los empleados y jubilados que «paradójicamente» parecen obtener más rendimiento de su actividad laboral que los propios trabajadores por cuenta propia.

Según Gestha, el sentido común «hace saltar las alarmas» a la hora de analizar estas cifras ya que, comparando los ingresos declarados por empresarios y trabajadores, resultaría a primera vista «mucho más rentable» ser asalariado o pensionista. Eso sí, hacen hincapié en que «la Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y las microempresas en lugar de inspeccionar algunas de las principales bolsas de fraude como las que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que frecuentemente hacen ventas sin IVA, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, o en demasiadas ocasiones manejan facturas falsas para contabilizarlas como gasto y deducirse».

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La Comunidad Valenciana con una pérdida del 2,9 por ciento se situó a la cabeza, seguida de Canarias y Madrid, -2,4 por ciento en ambas.

A estas comunidades, les siguen Murcia y Castilla-La Mancha (-2,3 por ciento en los dos casos), La Rioja (-2,2 por ciento) y Cataluña (-2,1 por ciento), todas ellas por encima de la media nacional.

Por el contrario, la comunidad menos afectada por el descenso de autónomos fue el País Vasco (-1,1 por ciento) seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con un dato conjunto del -0,6 por ciento.

Aragón fue la única comunidad que se situó justo en la media nacional con una bajada del número de trabajadores afiliados a la RETA del 2 por ciento.

En términos absolutos, Cataluña (-12.329), la Comunidad Valenciana (-10.333), Andalucía (-9.363) y Madrid (-8.987) fueron las comunidades con mayor pérdida de autónomos, con un total entre las cuatro de 41.012, lo que significa el 62,2 por ciento del total.

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